
La respuesta del gobierno federal a la 'Marcha de la Generación Z' se ha centrado en desacreditar su legitimidad, atribuyéndola a la oposición y minimizando la participación juvenil.
Esta postura ha sido fuertemente criticada por partidos opositores, que denuncian represión y autoritarismo, en un contexto de violencia que dejó heridos y detenidos, y que ha derivado en una nueva convocatoria a manifestarse.











