
La reforma a la Ley de Amparo se presenta como una herramienta de modernización y eficiencia, pero es ampliamente criticada como una medida que podría dejar a los ciudadanos vulnerables ante el poder estatal. El debate subraya una tensión fundamental entre la búsqueda de una justicia más expedita y el riesgo de erosionar las garantías individuales, en un clima de desconfianza hacia la concentración de poder en el Ejecutivo.