
La reforma a la Ley de Amparo, propuesta por el Ejecutivo, busca agilizar la justicia y combatir abusos fiscales, pero enfrenta críticas severas por limitar mecanismos de defensa ciudadana, restringir la figura del interés legítimo y fortalecer a la autoridad frente a los derechos de las personas, generando un intenso debate sobre el equilibrio de poderes y la protección de garantías constitucionales.