
La aprobación de la Ley General contra la Extorsión refleja un consenso político para endurecer la respuesta del Estado ante este delito, unificando criterios a nivel nacional, aumentando las penas y atacando su operación desde los penales. Sin embargo, su éxito dependerá de la asignación de recursos suficientes para su implementación, una preocupación clave señalada por la oposición.













