
La decisión de Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional en ciudades lideradas por demócratas ha intensificado el conflicto entre el gobierno federal y las autoridades estatales. Mientras la Casa Blanca defiende la medida como una acción necesaria para mantener el orden y proteger activos federales, los gobernadores y jueces la cuestionan como una extralimitación del poder presidencial, generando batallas legales y políticas que ponen a prueba los límites constitucionales.













