
El homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha puesto en evidencia graves fallas de seguridad y ha abierto múltiples líneas de investigación, incluyendo la actuación de su escolta y la muerte de su agresor. El gobierno federal ha respondido con el 'Plan Michoacán', mientras figuras políticas y la sociedad civil exigen justicia y reformas estructurales para combatir la violencia que afecta a los funcionarios públicos.












