
La presidenta Sheinbaum lanzó un plan nacional contra la extorsión que federaliza el delito y aumenta las penas, con el objetivo de lograr una reducción significativa para finales de 2026. La estrategia, respaldada por gobernadores de todos los partidos, incluye la homologación de leyes, la creación de unidades especializadas y el fortalecimiento de la denuncia anónima, reconociendo la extorsión como uno de los principales retos de seguridad del país.










