
La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Aguas, que ahora pasa al Senado. El gobierno la defiende como una medida para ordenar el uso del recurso y combatir el acaparamiento, mientras que productores agrícolas y la oposición la rechazan por considerarla una centralización del poder que amenaza sus derechos, desatando una ola de protestas y bloqueos carreteros a nivel nacional.










