
La reforma a la Ley de Amparo, aprobada de forma expedita por ambas cámaras, limita las suspensiones judiciales e incluye una controvertida cláusula de retroactividad, lo que ha generado acusaciones de debilitar los derechos ciudadanos y la certeza jurídica, mientras el partido gobernante la defiende como una herramienta contra el abuso del amparo.










