
La cancelación de la fiesta popular del 15 de septiembre en Culiacán por segundo año consecutivo evidencia el profundo impacto de la violencia en la vida cívica y social de la capital sinaloense. La decisión del gobierno de limitar la conmemoración a un acto protocolario refleja la incapacidad de garantizar la seguridad en eventos masivos, priorizando la protección ciudadana sobre la tradición.