
El asesinato del alcalde Carlos Manzo ha expuesto la crítica situación de violencia en Michoacán, provocando una fuerte reacción social y religiosa, agudizando conflictos políticos y forzando una intervención federal a través del 'Plan Michoacán'. La cancelación de eventos cívicos y las persistentes demandas de justicia reflejan el profundo impacto de su muerte en la comunidad.










