
El asesinato del alcalde Carlos Manzo no solo representa una tragedia personal y comunitaria, sino que también ha expuesto las fallas en los protocolos de seguridad, generado una crisis política y obligado a un repliegue de fuerzas federales en Michoacán. Las investigaciones sobre la actuación de sus escoltas y las declaraciones de altos mandos de seguridad evidencian la complejidad de un caso que subraya la extrema vulnerabilidad de las autoridades locales frente al crimen organizado.










