
El asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan ha expuesto la grave crisis de seguridad en Michoacán, provocando una masiva respuesta ciudadana y la intervención del gobierno federal con un nuevo plan de seguridad. El caso resalta la vulnerabilidad de los funcionarios, la infiltración del crimen organizado y el reclutamiento de menores, mientras su viuda y sucesora enfrenta amenazas al continuar su lucha contra la extorsión.










