
El asesinato del alcalde Carlos Manzo a manos de un sicario adolescente ha puesto de manifiesto la grave crisis de seguridad en Michoacán, el alarmante reclutamiento de menores por cárteles y el riesgo extremo que enfrentan los funcionarios que se oponen al crimen. La contundente respuesta social con protestas masivas y la subsecuente militarización de Uruapan subrayan el profundo impacto del suceso en la gobernabilidad y el tejido social de la región.








