
El asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan ha expuesto la grave crisis de seguridad en Michoacán, la aparente insuficiencia de las medidas de protección para funcionarios amenazados y ha provocado una fuerte reacción social. Mientras la investigación apunta al CJNG, el gobierno federal defiende su estrategia de seguridad, y la familia del edil pide que la exigencia de justicia se mantenga por la vía pacífica.











