
El asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan ha expuesto la grave crisis de seguridad en Michoacán, generando protestas a nivel nacional que demandan justicia. En respuesta, las autoridades federales implementaron un plan de seguridad especial para el estado, mientras que la fiscalía local realizó una reestructuración completa de su personal en la región para fortalecer las investigaciones y recuperar la confianza pública.










