
La llegada de Ernestina Godoy a la FGR, mediante un proceso legislativo expedito y con el apoyo de facciones de la oposición, marca una significativa centralización del poder de procuración de justicia en una figura leal a la Presidencia, generando un debate nacional sobre la autonomía institucional y la imparcialidad en la lucha contra la corrupción y la impunidad.








