
El asesinato del alcalde Carlos Manzo subraya la profunda crisis de violencia que enfrentan las autoridades locales en México y la capacidad del crimen organizado para desafiar al Estado. A pesar de las denuncias previas del edil, su ejecución evidencia fallas en los sistemas de protección y ha provocado una respuesta política a nivel federal, cuya efectividad aún está por demostrarse.








