
La inclusión de una cláusula de retroactividad inconstitucional en la reforma a la Ley de Amparo por parte del Senado generó un conflicto entre poderes y dentro del propio oficialismo, obligando a la Presidencia a desautorizar la medida y a la Cámara de Diputados a comprometerse a corregir el texto para alinearlo con la Constitución.











