
La propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales ha unificado a diversos sectores del campo y el transporte en una protesta coordinada a nivel nacional. Los productores argumentan que la iniciativa amenaza su patrimonio y la certeza jurídica al centralizar el control del agua y prohibir la transferencia de concesiones. La respuesta ha sido la convocatoria a bloqueos masivos en puntos estratégicos del país, escalando el conflicto de un debate legislativo a una movilización social con potenciales repercusiones económicas y comerciales significativas.

