
La reforma a la Ley de Amparo se encuentra en una fase crítica, enfrentando al gobierno que la defiende como una modernización necesaria contra la evasión fiscal, y a un amplio sector de juristas y opositores que alertan sobre un grave retroceso en la protección de los derechos fundamentales. Aunque se ha corregido el aspecto de la retroactividad, el debate de fondo sobre el "interés legítimo" y la suspensión del acto reclamado definirá el futuro de este pilar del sistema de justicia mexicano.










