
La reforma a la Ley de Amparo, presentada como una medida para agilizar la justicia y combatir la evasión fiscal, ha sido duramente criticada por debilitar la protección de los ciudadanos. La inclusión de una cláusula de retroactividad inconstitucional generó una crisis política que obligó a la Presidencia a intervenir, evidenciando fracturas dentro del partido gobernante. Se espera que la Cámara de Diputados elimine dicha cláusula antes de su aprobación final.








