
El aumento propuesto al IEPS a bebidas azucaradas es una política de doble propósito que busca mejorar la salud pública y generar ingresos para el sector.
Aunque está respaldada por datos sanitarios, enfrenta críticas por su potencial impacto regresivo en los consumidores, especialmente sin políticas paralelas que garanticen el acceso a agua potable asequible.