
El gobierno federal impulsa un aumento de impuestos a productos como refrescos y tabaco, argumentando beneficios para la salud pública y la intención de destinar los fondos recaudados al sector salud. La medida ha generado un debate sobre su verdadero propósito, con críticos señalando un afán recaudatorio que podría afectar a los consumidores de menores ingresos sin garantizar una reducción efectiva del consumo.