
La marcha de la ‘Generación Z’ evidenció un amplio descontento social, pero su desenlace violento derivó en un controvertido proceso judicial. Mientras varios detenidos enfrentan cargos graves, incluyendo prisión preventiva, la actuación policial está bajo investigación por presunto uso excesivo de la fuerza, en un caso que ha atraído la atención de organismos de derechos humanos.










