
La designación de Antifa como organización terrorista por parte de Donald Trump es un movimiento políticamente cargado que, a pesar de las dudas sobre su aplicabilidad legal en un movimiento doméstico y descentralizado, otorga a las agencias federales amplias facultades de investigación. La acción utiliza el asesinato de un activista conservador para consolidar una narrativa contra la “izquierda extrema” y sirve como una herramienta en la agenda política de la administración.