
La decisión de la SCJN obliga a Grupo Salinas a pagar una deuda fiscal histórica superior a 48 mil mdp, cerrando una larga batalla legal. Mientras el grupo empresarial denuncia persecución política y anuncia que recurrirá a instancias internacionales, el gobierno federal y expertos fiscales señalan que, de no cumplir, se enfrentará a procedimientos de embargo sobre sus bienes y cuentas, estableciendo un precedente significativo en la recaudación fiscal de grandes contribuyentes.










