
La investigación y bloqueo de 13 casinos por parte de las autoridades hacendarias, incluyendo dos pertenecientes a Grupo Salinas, marca una escalada en la fiscalización del sector de juegos y sorteos. La respuesta de Grupo Salinas, denunciando una “persecución de Estado”, anticipa una prolongada disputa legal y mediática que pone de relieve la tensa relación entre el conglomerado y el gobierno actual.











