
La resolución unánime de la SCJN pone fin a una batalla legal de más de una década, confirmando los créditos fiscales contra Grupo Salinas y sentando un precedente sobre el cumplimiento tributario de grandes corporativos. Mientras el gobierno celebra el fallo como un acto de legalidad, el grupo empresarial lo califica de persecución política y anuncia que llevará el caso a tribunales internacionales.










