
El incremento al salario mínimo para 2026 es una política clave del gobierno para mejorar el poder adquisitivo, lograda por consenso. No obstante, genera inquietud en el sector empresarial por su posible impacto en la inflación, la competitividad de las MiPyMEs y el fomento de la informalidad, configurando un escenario complejo para la economía del próximo año.










