
El conflicto evidencia la postura firme de la administración Sheinbaum de llevar la disputa fiscal con Grupo Salinas por la vía legal e institucional, rechazando negociaciones especiales. Mientras tanto, el conglomerado empresarial utiliza la esfera pública para presionar por un acuerdo, enmarcando la situación como una negociación política más que como una obligación tributaria.










