
La reforma a la Ley de Amparo, defendida por el gobierno como una modernización para evitar abusos fiscales y agilizar la justicia, es criticada por la oposición y juristas por limitar la defensa ciudadana, restringir suspensiones y mantener una polémica retroactividad procesal, lo que representa un cambio significativo en el equilibrio de poder entre el Estado y los individuos.










