
La propuesta de imponer un arancel de hasta el 50% a vehículos de países sin tratado comercial, principalmente China, representa una de las políticas proteccionistas más contundentes del gobierno mexicano en años recientes. La medida busca equilibrar la competencia frente a importaciones de bajo costo, proteger empleos y fortalecer la industria automotriz nacional, aunque genera preocupación en distribuidores y empresas chinas por el inminente aumento de precios al consumidor.