
La propuesta de imponer un arancel del 50% a los vehículos chinos y otros productos asiáticos marca un giro proteccionista en la política comercial de México, impulsado por presiones de Estados Unidos y la necesidad de fortalecer el mercado interno. Mientras el gobierno y los fabricantes tradicionales lo ven como una medida necesaria para garantizar una competencia equitativa, los distribuidores de autos, la industria de autopartes y el gobierno chino alertan sobre graves consecuencias, como el aumento de precios al consumidor, la pérdida de inversiones y empleos, y un posible impacto inflacionario. La aprobación de esta medida en el Congreso definirá el equilibrio entre la protección industrial y la apertura comercial en los próximos años.