
La aprobación de la nueva legislación hídrica ha generado un profundo conflicto. Mientras el gobierno la presenta como una herramienta para garantizar el derecho humano al agua y combatir privilegios, el sector agrícola y la oposición la denuncian como una centralización del poder que amenaza la certeza jurídica, el patrimonio de los productores y la propiedad privada, abriendo un frente de descontento social y político.










