
La nueva Ley General de Aguas se encuentra en una fase legislativa crítica, marcada por la tensión entre el gobierno, que asegura haber atendido las preocupaciones del campo con 50 modificaciones, y los productores agrícolas, que desconfían de la propuesta y amenazan con nuevas movilizaciones si no se incluyen más cambios, evidenciando un profundo conflicto sobre el control y la gestión del agua en México.










