
La aprobación de la Ley de Aguas marca un cambio fundamental en la gestión hídrica de México, priorizando el control estatal y el derecho humano al agua. Aunque el gobierno la defiende como una medida contra el acaparamiento, ha provocado una fuerte oposición del sector agrícola, que teme incertidumbre jurídica y manipulación política, lo que ha resultado en protestas a nivel nacional y un tenso clima político.










