
El Gobierno Federal, a través de la SSPC y la SHCP, desarticuló una red de lavado de dinero en 13 casinos de ocho estados. El modus operandi incluía el robo de identidad de personas vulnerables para simular ganancias y transferir fondos a paraísos fiscales.
Se han suspendido operaciones, bloqueado cuentas y presentado denuncias ante la FGR, mientras se planea una reforma a la ley de juegos y sorteos.











