
La imposición de aranceles récord al azúcar es una contundente medida proteccionista del gobierno mexicano para salvaguardar un sector clave para el empleo rural.
Aunque la acción busca estabilizar los precios internos y frenar la competencia desleal, ha generado divisiones dentro del gremio cañero y plantea interrogantes sobre su impacto en los precios al consumidor y en las relaciones comerciales con los países exportadores.










